Lo que no dice, es qué hace el estado para ayudar a esa gente para que deje de jugar y aprenda a invertir. Tampoco se dice nada acerca de las pérdidas de dinero de esa caja a manos de la corrupción. No dice nada acerca de las conductas de la gente que juega, de las complejas interacciones que ocurren alrededor de esa punta de iceberg que es el juego.
Lo que no dice el estado tampoco, en sus publicidades televisivas, es la riqueza material e intelectual que se ve ahogada en tamaño mamarracho, meca del corto-placismo y tumba de la dignidad.
Que un privado explote ese negocio no es ningún problema. Es un divertimento, un escape, una necesidad de afecto simbolizada en aquel número de la suerte. Bienvenidos los casinos, las tragaperras, y demás emprendimientos de azar.
Pero que el estado lo haga es definitivamente inmoral, no tanto por la corrupción directa que se genera, sino por la corrupción indirecta: el azar instituido como normal a gran escala es peligroso para la conciencia colectiva, y es vergonzante cuando esa escala está apuntalada en maquinaria estatal. Es vergonzante cuando el engaño parte del estado mismo, que blande en sus campañas publicitarias del juego el estandarte del bienestar de la sociedad toda.

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